Mexicali, BC., 10 May (Agencia Informativa de México).- La Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso local anunció que pedirá un informe sobre las medidas que se aplican y diseñan para reanudar la impartición de justicia en Baja California.
El presidente de dicha comisión legislativa, Juan Manuel Molina García, informó que éste se presentará tomándose en cuenta la salud de sus funcionarios, y se hará en la próxima sesión del Pleno mediante un exhorto dirigido al Consejo de la Judicatura estatal.
Para que “se reanude la impartición de justicia, sobre todo en lo referente al dictado de sentencias definitivas e interlocutorias de expedientes en estado de resolución, en las materias civil, mercantil o de derecho familiar”, anotó.
También solicitará al Tribunal Superior de Justicia del Estado que informe sobre el avance en la aplicación de su Acuerdo del 30 de abril, para que, con las medidas de protección a la salud, se emitan las sentencias definitivas e interlocutorias pendientes.
Ello, con la finalidad de avanzar en la impartición de justicia de los ciudadanos de Baja California, como lo está haciendo actualmente el Poder Judicial de la Federación, manifestó el legislador bajacaliforniano.
Agregó que pedirá al Poder Judicial del Estado que, por conducto de su presidente, informe de todas las medidas aplicadas en los órganos jurisdiccionales que estén operando, tendientes a la protección de la salud de sus funcionarios.
“Sobre todo, de aquellos que por sus características, sean de los grupos de riesgo señalados por la autoridad de Salud, así como de los justiciables y de los abogados postulantes”, manifestó.
En su exposición de motivos, el diputado local dio a conocer que el 30 de abril del presente año, el Consejo de la Judicatura del Estado emitió un Acuerdo donde “simplemente extendió el plazo de cierre de sus instalaciones hasta el 30 de mayo del 2020”.
Sin embargo, “no aportó estrategias precisas ni medidas para, en su caso, escalonadamente y con protección de la salud de sus servidores públicos, se lograría ir avanzando en la administración de justicia, al igual que la Autoridad Judicial Federal”.
Lo anterior, dejando de tomar en cuenta que existe el derecho de los justiciables a que se les imparta justicia y del gremio de abogados litigantes a desempeñar sus labores, “que por lo pronto se ha truncado o disminuido seriamente”.
Recordó que el 30 de marzo, en una sesión plenaria del Consejo de Salubridad General (CSG), se reconoció como emergencia sanitaria la epidemia generada por el virus Covid-19 y se acordaron medidas extraordinarias en todo el territorio nacional.
Entre éstas, destaca la suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social.
Indicó que en dicho Acuerdo se ordena la suspensión de actividades no esenciales del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, pero donde también se determina que la procuración e impartición de justicia son consideradas “actividades esenciales”.
AIMX/MRP/OPH