Ciudad de México, 4 May (Agencia Informativa de México).- Las recientes reformas penales aprobadas en Querétaro, con el endurecimiento de penas en pro del combate a la propagación del Covid-19, atentan contra los derechos humanos y no deben aplicarse, señaló la Secretaría de Gobernación (Segob).
La Segob, a través del titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, hizo un llamado a los Congresos federal y locales, así como a los poderes Ejecutivo y Judicial, a no hacer uso del derecho penal para enfrentar la emergencia sanitaria.
Ello, añadió, conforme lo establece la Guía en Derechos Humanos para las Medidas Covid-19 publicada por la dependencia federal.
Señaló que la reducción a la movilidad de las personas es un objetivo central para hacer frente a la propagación del virus SARS-CoV2, sin embargo, no se puede imponer el resguardo domiciliario mediante sanciones penales, ya que es una medida desproporcional que podría llegar a ser declarada inconstitucional por las autoridades competentes.
El derecho penal debe usarse como derecho límite, de ‘ultima ratio’ (última razón), cuando otras medidas menos lesivas no funcionen para lograr el objetivo planteado, explicó Encinas Rodríguez.
Refirió que el pasado 29 de abril, el Congreso del estado de Querétaro aprobó una reforma al Código Penal local que contempla delitos nuevos y endurece existentes, alegando como motivo el combate a la propagación del virus SARS-CoV2 (Covid-19).
Destacan penas como: Cuatro a seis años de prisión “a la persona que no respete el periodo de aislamiento obligatorio impuesto por padecer una enfermedad transmisible grave o la cuarentena”.
Asimismo, tres a cinco años por desobedecer medidas de la autoridad sanitaria o de protección civil decretadas durante una emergencia sanitaria.
A la persona que se oponga a que la autoridad ejerza sus funciones por medio de amenazas o violencia, tres a cinco años de prisión; la pena sube hasta por una mitad más si se trata de autoridades de servicios de salud, seguridad o protección civil.
Para el funcionario de Segob, “sanciones penales como las planteadas por el Congreso de Querétaro para hacer frente a la contingencia, criminalizan la pobreza y tienen efectos desproporcionales sobre grupos excluidos y vulnerables”.
Por ello, remarcó, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración se hace un llamado a la mesura y al uso de la ciencia y la corresponsabilidad para el diseño de medidas frente a la emergencia sanitaria.
AIMX/PMR/RLM