Mexicali, BC., 24 Abr. (Agencia Informativa de México).- Legisladores del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) propusieron un castigo más severo para quienes atenten contra la integridad del personal de salud.
La presidenta de Fiscalización del Gasto Público del Congreso del Estado, Eva Gricelda Rodríguez fue quien presentó la iniciativa ante la Oficialía de Partes donde se refiere a los casos de amenaza contra los profesionales de la salud.
Indicó que por las agresiones que han sufrido enfermeras y enfermeros, médicos y personal sustantivo, durante la atención de la pandemia, presentó la iniciativa de reforma para endurecer las penas contra los responsables.
“La emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) ha traído grandes retos que conjugan dificultades en muchos ámbitos: preservar la salud física y emocional, mantener el empleo o la fuente de ingresos”, anotó.
También, cuidar a los menores e involucrarse en su proceso de enseñanza–aprendizaje, apoyar de forma especial a miembros de la familia que forman parte de los grupos de alto riesgo de contagio, entre otras, lo que ha generado estrés y preocupación”, dijo.
Sin embargo, agregó, el personal médico, de enfermería, y en general que labora en hospitales y centros de salud, se ha visto sometido a un mayor grado de estrés por estar más expuestos a contraer la enfermedad generada por el virus Covid-19.
Ello, aún cuando no estén adscritos a los centros especializados para la atención de esta, ya que personas infectadas pueden acudir a cualquier hospital o centro de salud en busca de ayuda antes de ser canalizados a dichos centros especializados.
Es por ello que propuso que en caso de amenazas contra los profesionales de la salud, se adicione un segundo párrafo al artículo 171 del Código Penal del Estado de Baja California, manifestó.
Explicó que esté artículo define el delito de “Amenazas”, y la adición tiene como objeto establecer una pena de tres a seis años de prisión a quienes amenacen a un profesional o personal que preste sus servicios en hospitales o centros de salud.
Asimismo, propuso que se adicione un segundo párrafo al artículo 317 del mismo Código Penal para el Estado, en el que se define el delito de “ultraje a los servidores públicos”.
Como se prevé en este precepto, detalló que el ultraje es toda acción o expresión ejecutada con el ánimo de denigrar u ofender a algún funcionario o agente de la autoridad, expuso.
Agregó que la propuesta es establecer la misma pena de tres a seis años de prisión y hasta trescientos días multa, si el ultraje es en contra de dichos servidores públicos durante el periodo que comprenda la declaración de una contingencia o una emergencia sanitaria.
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