Chilpancingo, Gro., 19 May. (Agencia Informativa de México).- Luego de la sentencia a 92 años y seis mes de presión, dictada por un juez, contra el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca por el delito de secuestro de seis integrantes del Movimiento Campesino Unidad Popular, el ex fiscal de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera afirmó que la hoy Fiscalía General de la República, un mes antes de la desaparición de los 43 normalistas de ayotzinapa, contaba con suficientes elementos para detener al hoy procesado.
En entrevistas con varios medios de comunicación electrónica, dijo que en su momento, la federación capitalizó políticamente la información, sobre el modus operandi, zona de competencia de un grupo delincuencial, en cuyo informe aparecía el nombre del entonces alcalde de Iguala, de su secretario de seguridad Felipe Flores Velázquez y otros.
“Estamos en el terreno de las suposiciones, pero no obstante, era un número importante de elementos probatorios en contra de José Luis Abarca, la federación estaba en la posibilidad de poder ejercer la acción penal, me parece que aquel entonces, fue administrada la información para detonarla en su momento y que eso tuviera un impacto en lo político”.
En aquél entonces, recordó el PRD, lleva 10 años ejerciendo el poder en Guerrero, por lo que consideró que la información tendría impacto en las elecciones o después de la misma, ”lo cual tuvo una grave consecuencia”.
Porque es de llamar la atención, consideró, que durante el mes de agosto de 2014 el desaparecido Cisen (Centro Nacional de Inteligencia) presentó un informe denominado “Obtetivos y Atenciones”, elaborado con las aportaciones de las entonces, Procuraduría General de Justicia y la Procuraduría General del Estado de Guerrero, sobre la operación de un grupo delincuencia, y en él se aludía entre otros personajes a José Abarca “y aquí estamos hablando de más de un mes antes de lo que ocurrió en Iguala”, con los 43 normalistas.
En su perfil personal de Facebook, Blanco Cabrera compartió que: “El 2 de mayo de 2014, mediante correo electrónico, la PGR recibió copia de la declaración de Ernesto Pineda Vega, quien expuso, entre otras cosas, que el alcalde José Luis Abarca y su secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez eran parte de la organización delictiva Guerreros Unidos y utilizaban a los sicarios y líderes de dicho cártel para secuestrar, desaparecer y matar a un innumerable número de personas”.
Dijo que tras el secuestro y homicidio del dirigente social, Arturo Hernández Cardona, ocurrido en mayo del 2013, con base en los elementos obtenidos de las investigaciones sobre el caso, el estado solicitó al gobierno federal llevar a cabo la detención de Abarca, sin agotar con los procedimientos de desafuero, porque a nivel federal no alcanzaba esa competencia, sin embargo, no se procedió.
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