Chilpancingo, Gro., 24 Ene. (Agencia Informativa de México). -Por concepto de observaciones, a las finanzas de la administración municipal anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) requiere al Ayuntamiento de Chilpancingo, el reintegro de 493 mil 520.26 pesos, por concepto de pago de uniformes para la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
En conferencia de prensa de este lunes, encabezada por la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez, el Contralor Interno Erick Javier García Ocampo precisó que, como resultado de la revisión del expediente 881/DFGF/72020, la dependencia de Fiscalización de recursos, detectó serias irregularidades en la compra de uniformes policiacos, a través de los recursos del Programa para el Fortalecimiento para la Seguridad.
Informó que se entrevistó de manera personal a los beneficiarios de la Subsecretaría de Vialidad y Tránsito, quienes revelaron que el beneficio no les llegó, pero, dos facturas halladas, revelan que se pagó como adelanto 729 mil pesos para la adquisición de los uniformes policiales, y de este total 74 juegos existen, cuyo monto respalda los 493 mil 620.26 pesos.
Agregó que en dos ocasiones se ha requerido a ex funcionarios de la administración anterior para que presenten las comprobaciones requeridas por la ASF solicitó, sin embargo, ante la falta de justificación, la dependencia federal exige al municipio la devolución de 493 mil 52026 pesos.
El funcionario municipal adelantó que a falta de comprobación, se procederá a las sanciones administrativos, contra los exservidores públicos involucrados, y de ser necesario, se dará cuenta a las instancias legales que correspondan.
La presidenta municipal, Hernández Martínez aseguró que la investigación aplicada a la administración anterior no es una “cacería de brujas”, sólo forma parte de un procedimiento para transparentar la aplicación de los recursos públicos y dar “cuentas al pueblo” sobre cómo se encontraron las finanzas públicas.
La alcaldesa de extracción morenista anunció que de manera gradual se darán a conocer las irregularidades halladas, pese a los obstáculos generados por las “mafias de intereses”, que han impedido avanzar en la revisión de las cuentas.
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