Bogotá, Colombia, 19 Jun (Agencia Informativa de México).- Hasta el 31 de mayo de 2023, en la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) han registrado 58 amenazas contra periodistas, ocurridas en 22 departamentos del país, esta cifra retrata un escenario preocupante sobre la seguridad de quienes ejercen periodismo en Colombia.
“Un periodista es amenazado cada dos días y en el 70 por ciento del país se ha amenazado al menos a una o un comunicador. La mayoría de estas agresiones se presentaron en Bogotá y en Arauca, Norte de Santander, Tolima, Atlántico y Nariño. Muchas de estas amenazas estarían relacionadas con investigaciones sobre temas de seguridad, administración pública y conflicto armado”, señaló la organización mediante un comunicado de prensa.
Especificaron que es Bogotá la ciudad en la que más se han reportado amenazas, y en este año se han registrado seis casos y que esto puede deber a que en la capital se concentra un gran número de medios de comunicación digitales, comunitarios, de prensa escrita, radio y televisión.
“En esta ciudad la prensa suele recibir amenazas de personas desconocidas como represalia por el cubrimiento que hacen a temas de administración pública, política y seguridad”, puntualizaron.
Sin embargo, agregaron que el panorama a nivel departamental es diferente: 26 de las 58 amenazas registradas, casi la mitad, provienen de actores armados ilegales que tienen presencia en distintas zonas del país. Del total de los casos registrados, 26 provinieron de bandas criminales, disidencias y guerrillas, 5 casos más que en 2022.
“También hemos evidenciado que en zonas en las que estos grupos son más fuertes, como Arauca y Norte de Santander, se busca con más frecuencia atacar a periodistas que informan sobre conflicto armado, narcotráfico y asuntos de seguridad”, resaltaron en el comunicado.
En otros departamentos como Tolima y Atlántico, hay presencia de bandas criminales que suelen responder a grupos armados ilegales con presencia nacional, como el Clan del Golfo. En estos departamentos, la prensa es más vulnerable cuando cubre temas relacionados con temas judiciales y orden público, como hurtos y homicidios.
Miembros de estos grupos al margen de la ley suelen abordar a los periodistas en espacios físicos, les intimidan a través de panfletos que dejan en sus residencias y lugares de trabajo o les hacen llamadas desde números privados o desde celulares públicos, “todo esto con el fin de que los reporteros cesen sus investigaciones o para que publiquen información de interés del grupo armado”.
FLIP informó que durante este año también se ha reportado un alto número de amenazas en entornos digitales, de las 58 amenazas registradas 20 fueron hechas a través de las redes sociales y la mitad de estos casos se registraron en Norte de Santander y en Tolima.
“Estas amenazas suelen ir acompañadas de emoticones (calaveras, ataúdes, cuchillos y cruces), de amenazas a familiares de los periodistas o fotografías de ellos en algún lugar público, para hacerles saber que están siendo vigilados”, subrayaron.
“Las amenazas tienen un profundo impacto psicológico en las y los periodistas que, eventualmente, puede tener graves consecuencias psicoemocionales y llevarles a optar por la censura, el silencio o el desplazamiento”.
Apuntaron que “el silenciamiento de la prensa tiene un costo muy alto para las sociedades democráticas”, ya no solamente impide que la información fluya, sino que, como lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, inhibe a los ciudadanos que quieren denunciar abusos de poder, irregularidades, o actos ilícitos de cualquier naturaleza.
“Es necesario que de cara a las elecciones de este año el Estado se concentre en prevenir y sancionar la violencia contra la prensa y que los líderes políticos, candidatos, funcionarios y servidores públicos entablen discursos en los que respalden el trabajo de la prensa”, solicitaron.
AIMX/FJ