Chilpancingo, Gro., 06 feb. 2023 (Agencia Informativa de México).- A consecuencia de la violencia generada, por los grupos de la delincuencia, el Centro Regional de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón A.C” ha documentado durante los últimos siete años, el desplazamiento forzado interno de por lo menos 25 mil personas, 2 mil 500 de las cuales, habrían ocurrido en el 2022.
En un documento emitido a medios de comunicación, la organización no gubernamental de Defensa de los Derechos Humanos, dio a conocer que durante el proceso de acompañamiento y representación, familias de varios municipios del estado no han alcanzado las condiciones de seguridad, estabilidad social.
“Aunque de manera paulatina, seguimos avanzando en la construcción de soluciones más duraderas y con estos logros habremos construido el camino para que otras víctimas lo recorran con mayor facilidad”, pero la creciente problemática, está “muy lejos de detenerse, y en la medida en que los tres niveles de gobierno no garanticen las condiciones de seguridad y paz pública, será aún más complicado lograr resultados.
El Centro Regional de Derechos Humanos, hace un llamado a los grupos de familias víctimas de desplazamiento forzado interno y a las familias que no están organizadas, “para unirnos en la exigencia de poner un alto a esta crisis de derechos humanos y que el gobierno cumpla con nuestros derechos”.
La organización civil, exige a las autoridades gubernamentales, la actualización y el reglamentación de la Ley 487 para Atender y Prevenir el Desplazamiento Interno, que el Senado de la República ratifique la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno.
Además, alcanzar una reubicación digna para todas las familias víctimas de desplazamiento forzado interno en el estado, la reparación integral del daño, cuantificando todo lo que cada familia ha perdido, que debe incluir, “Justicia, Desarrollo, Salud, Educación, Vivienda Digna, tierras para sembrar, fuentes de empleo, proyectos productivos a mediano y largo plazo”.
Así como la implementación de una estrategia integral de Paz y Seguridad para la población guerrerense, a fin de garantizar nuevas movilizaciones ocurran, por fenómenos de la violencia.
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